El Fiscal Superior, Erick Gonzalo Aparicio, aclaró hoy que la lectura que hace la defensa del Alcalde suspendido de Cochabamba, José María Leyes Justiniano, investigado por el caso “mochilas 1”, respecto al dictamen pericial elaborado por los peritos del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), no es evidente, se trata de una mala interpretación del contenido, más al contrario se identificaron varias irregularidades que generan responsabilidad al Alcalde suspendido en su condición de Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE).
“En una cabal y completa lectura del contenido del dictamen se puede establecer que los peritos en los diferentes puntos de pericia han ido estableciendo la existencia de una serie de irregularidades a lo largo de todo el proceso de contratación, concluyendo de manera expresa que se trata de un proceso de contratación para las mochilas escolares en Cochabamba llevada adelante en total inobservancia de las normas básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios contenido del Decreto Supremo Nº 181”, sustentó Aparicio.
El Fiscal Superior, aseveró que se trata de una tergiversación errónea que realiza la defensa de Leyes al señalar que el dictamen del IDIF habría concluido en la inexistencia de responsabilidad del imputado, más al contrario, se identificaron varias irregularidades que generan responsabilidad al Alcalde suspendido en su condición de MAE, en estricto cumplimiento del artículo 32 del D.S. Nº 181.
Respecto al punto de pericia al que hace referencia la defensa del Leyes, se aclara que en la segunda parte de la conclusión los peritos establecieron expresamente que la MAE es responsable del proceso de contratación desde el inicio hasta su conclusión. En el punto de pericia número tres solicitada por el Alcalde suspendido, los peritos determinaron que el proceso de contratación ha sido llevado adelante en total inobservancia del Decreto Supremo 181, explicando detalladamente cada una de las irregularidades evidenciadas a partir del análisis de la documentación colectada en la investigación.
“Es un proceso absolutamente irregular, siendo la tesis acusatoria que la hemos venido sosteniendo y acreditando a lo largo del proceso de investigación con toda la documentación que ha sido colectada y particularmente con las entrevistas a los propios participes de este hecho y que ahora se ve reforzada con el dictamen pericial”, argumentó Aparicio.
De acuerdo a las investigaciones del caso “mochilas 1” el propio empresario afirmó el favorecimiento que se ha generado a su empresa con la adjudicación de este irregular proceso de contratación que devenía de un acuerdo previo que había sostenido con Alcalde Leyes de entonces a través del señor José Miguel Padilla, para realizar un pago de $us. 45.000 aproximadamente, monto similar al que ya se habría realizado una gestión anterior por la adjudicación irregular para la compra de mochilas escolares, que se encuentra en proceso de investigación denominado caso “mochilas 2”.
Se tiene determinado que la primera irregularidad nace porque corresponde a un proceso de contratación de bienes recurrentes, se ha evidenciado un claro favorecimiento al momento de la calificación de la empresa adjudicada, irregularidades en la conformación de la comisión de recepción que analice y revise de manera detallada los 92 mil productos (no fue conformada), tampoco se firma un acta de recepción de los productos, por tanto, no se tiene certeza de la cantidad y calidad de productos entregados a la Alcaldía, es decir, si estos productos se encontraban acorde a los requisitos específicos establecidos en el contrato, es más, los productos jamás ingresaron a almacenes.
A pesar de las irregularidades que se han presentado en la compra de las mochilas escolares, las mismas fueron distribuidas por el propio Alcalde Leyes, generándole con ello un compromiso de pago al Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba, que sobrepasan los 12 millones de bolivianos, situación que se constituye en una conducta que se aparta de lo establecido en el ordenamiento jurídico.
